Con la publicación el pasado 31 de diciembre del Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su debatida convalidación el 28 de enero, se han comenzado a fijar las bases para acometer la ejecución del gigantesco Plan y para la gestión de unos fondos que, para desplegar sus ansiados efectos multiplicadores, deberá contar con la plena participación del sector público y el sector privado.

Dicho Real Decreto trae su origen en el Plan de Recuperación para Europa, acordado el pasado 21 de julio por el Consejo Europeo y dotado con 750.000 millones de euros (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos) para abordar la actual crisis económica y tratar de paliar parte del daño causado por la COVID-19. 

De los seis fondos que componen el Next Generation EU, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y el programa ReactEU (fondos estructurales que operan de manera flexible) suponen el 95%. De esta cantidad, a la que deberán adicionarse 1,1 billones del Marco Financiero Plurianual reforzado 2021-2027 hasta alcanzar los 1,8 billones, España podrá acceder a 150.000 millones según las cifras revisadas, un 11% de su PIB de 2019, de los cuales 80.000 serán ayudas a fondo perdido a partir de 2021. El desembolso de estos importes se realizará a lo largo de los próximos 6 años, hasta finales de 2026, mientras que los préstamos reembolsables deberán devolverse en su caso antes del 31 de diciembre de 2058.

La gestión de estos fondos se ha empezado ya a concretar y, junto con el Reglamento 2020/2094 por el que establece el Instrumento de Recuperación de la UE, el reciente Reglamento 2021/241 de 18 de febrero desarrolla los aspectos básicos del MRR (ámbito, objetivos, recursos, medidas de buena gobernanza, etc). Se estructura a través de seis pilares básicos, y establece que el 20% de la financiación deberá apoyar proyectos de transformación digital y el 37% actuaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos comunitarios en la lucha contra el cambio climático para 2030 y 2050 (Tratado de París). Bajo el paraguas del European Green Deal, los proyectos verdes presentados deben respetar la metodología y requerimientos de la Taxonomía Europea ―una palabra a la que debemos empezar a acostumbrarnos, y que excede ya el campo de la financiación sostenible―, y el Principio de “No Causar un Perjuicio Significativo” (en inglés, DNSH) a alguno de los otros cinco objetivos ambientales. Sobre la aplicación práctica de este principio se espera una guía explicativa las próximas semanas. 

Una vez aprobados los planes nacionales, los EM recibirán una prefinanciación limitada al 13% del total nacional asignado (inicialmente era el 10%), y se establece el tope de ayuda en base a un importe fijo del 70% (España 2º país receptor con un 19,88%) y un 30% en función de una serie de variables macroeconómicas a calcular el 30 de junio de 2022. Como bien se ha señalado, una formidable inyección económica que deberá propiciar no solo una recuperación del PIB, sino un salto cualitativo en los sectores productivos de nuestro país. 

Junto con los informes a presentar, la subvencionalidad, y otros aspectos más que se irán concretando en el futuro (¿qué se entiende por fecha de inicio, hasta qué punto son compatibles los fondos MRR y el resto de ayudas europeas?, etc.), el Reglamento establece que la Comisión establecerá un Cuadro de Indicadores, que deberá estar operativo antes de diciembre de 2021, y que servirá para informar de los avances del MRR y de los respectivos Planes nacionales. 

Por su parte, el Plan España Puede, presentado por el Gobierno el 7 de octubre a la Comisión, incorpora las directrices y palancas susceptibles de poder recibir financiación con Next Generation. Se articula en torno a cuatro ejes (España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva), diez políticas tractoras y treinta componentes. Dicho plan ha tenido su reflejo en los PGE para el año 2021 que recogen un total de 26.634 millones del paquete de recuperación sumando los fondos del MRR y del programa React EU. De ellos, 17.210 estarán destinados a financiar actuaciones de carácter económico (descarbonización, pymes, comercio y turismo, digitalización e investigación) y 8.988 a gasto social. 

Volviendo a las modificaciones del RD Ley 36/2020, destacan por su importancia los principios de planificación estratégica y gestión por objetivos; así como los principios de agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y ejecución de tareas. Destacar que el despacho de los expedientes incluidos en el PRTR gozará de prioridad respecto de cualquier otro (arts. 26, 27, 34 y 45).

Asimismo, y al margen de haberse recuperado la figura de las Agencias Públicas a través de la LPGE, la urgencia y el carácter contracíclico de estos instrumentos ha obligado al RD-ley a introducir especialidades en la tramitación de Convenios con cargo a estos fondos (duración, autorización, tramitación anticipada…); en materia de contratación (tramitación urgente, elevación umbrales, pliegos-tipo, encargos a medios propios…); en materia de subvenciones; en evaluación ambiental; y, por supuesto, en materia de gestión, control presupuestario y función interventora (arts. 37 a 45). El tiempo dirá si estas medidas son suficientes o si, por el contrario, deberán introducirse nuevas herramientas flexibilizadoras.

A nivel de gobernanza, aspecto profusamente debatido, se crean la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente del Gobierno y de la que formarán parte todos los Ministerios; el Comité Técnico de apoyo a esta Comisión; la Autoridad Responsable ―centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos―; y la Autoridad de Control (IGAE) que deberá coordinar los controles asignados a cualquiera otro órgano de control estatal, autonómico o local, así como el ejercicio de las relaciones con las Instituciones comunitarias y nacionales. La norma también recoge la creación de una Conferencia Sectorial del Plan con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá el titular del Ministerio de Hacienda. 

Los fondos a empresas se canalizarán de manera individual, mediante instrumentos de concurrencia competitiva y a través de la colaboración público-privada con la apertura de Manifestaciones de interés (MDI) por los Ministerios (“call for interests”), como hasta ahora han puesto en marcha los Ministerios de Economía, Industria, Transición Ecológica y Transportes y que están levantando una justificada expectación. Proyectos tan ambiciosos como el 5G, energías renovables, economía circular, redes inteligentes, transportes sostenibles, hidrógeno, o reto demográfico y despoblación, entre otros. Para ello, junto a los PIICES (proyectos de interés común europeo que se desarrollen a través de consorcios de distintos EM) surge ahora una nueva figura de colaboración público-privada llamada a jugar un papel clave como mecanismo de arrastre e impulso: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTES). Estos proyectos, ya sean únicos y claramente definidos, o ya se presenten integrando un grupo de proyectos con un objetivo común, deberán ser declarados como tales por Acuerdo de Consejo de Ministros, tener un tamaño mínimo y unas características específicas como que las empresas vinculadas a ellos se inscriban en un Registro especial en un plazo de tres meses. 

Como próximos pasos, el artículo 23 del RDL establece que antes de finales de febrero los Departamentos Ministeriales deben haber elaborado un Instrumento de planificación estratégica que incluirá: descripción de objetivos y actuaciones; propuesta de reorganización de los recursos del departamento y sus organismos públicos, junto con las posibles necesidades en materia de RR.HH.; y, una propuesta de formación para el personal adscrito a unidades que tengan encargada la gestión de proyectos. 

Sin perjuicio de la versión preliminar, ya presentada y en evaluación por Bruselas, el Plan de Recuperación de cada país deberá aprobarse por las autoridades comunitarias antes del 30 de abril de 2021. Los proyectos no precisan cofinanciación pública, pero sí privada, y el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el MRR deberán ser comprometidas por la Comisión Europea antes de diciembre de 2022, por lo que primarán proyectos para una reconstrucción rápida de la economía que puedan movilizarse de manera ágil. El 30% restante se comprometerá a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026.

Un reto sin duda clave para la recuperación de las economías española y europea, y que requerirá la coordinación y esfuerzo conjunto de multitud de actores para desarrollar todos sus efectos minorando, al mismo tiempo, los riesgos que la gestión de semejante cantidad de fondos públicos puede llegar a presentar.

 

Manuel Fresno Castro

Marzo 2021